Grupo Ética y Transparencia insiste en urgencia de reformas electorales tras cuestionadas elecciones regionales

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Las elecciones regionales que recién acaban de concluir en la Costa Caribe y que dan por ganador al partido de gobierno, debe ser el último “conducido por una autoridad electoral al servicio de un partido político y que no otorga ni siquiera las garantías mínimas de respecto a la voluntad popular”, concluye un informe preliminar emitido este lunes por el Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT).

Esta organización llega a dicha conclusión partiendo de la serie de irregularidades que han estado presentes en proceso electorales anteriores y que “constan en informes de observación electoral realizados por la OEA (Organización de Estados Americanos) y la UE (Unión Europea)”, irregularidades que no estuvieron ausentes en los recientes comicios en la Costa Caribe, según el informe.

De acuerdo a EyT en el 82 por ciento de las 66 Juntas Receptoras de Votos (JVR) observadas, se logró constatar que “votaron personas que no aparecían en el padrón. Aunque esto fue legalizado con una controversial reforma de última hora lo que denota el deterioro del padrón electoral”.

El voto múltiple también fue una irregularidad constante que se logró observar en varios centros de votación, así como otras anomalías como el padrón poco confiable.

“Se abrió el sistema de voto fuera del Padrón como ya lo dije, siendo esto una anomalía que nosotros hemos reafirmado, debidamente documentado y significa inflar efectivamente los números de votos”, denunció Alberto Sequeira, funcionario de EyT.

La cedulación partidaria, el abuso de bienes del Estado para trasladar a los centros de votación a simpatizantes del gobierno, además de fuerte presencia militar y bajo índice de participación ciudadana en las urnas, también son mencionados en el informe.

Por lo anterior, EyT insiste en la urgencia y la necesidad de consensuar en el Diálogo Nacional una reforma electoral a corto plazo que garantice la “neutralidad, independencia y capacidad técnica del aparato electoral desde las magistraturas hasta las Juntas Receptoras de Votos”.

La transparencia, observación y fiscalización electoral y la participación amplia de partidos políticos. Estos cambios en la ley pasa primero por el nombramiento de nuevos magistrados en el poder electoral.

Si se logran consensuar reformas electorales en el Diálogo Nacional, el anticipo de elecciones debe llevarse a cabo en un período prudencial de 9 meses después de haberse acordado dichos cambios en la ley y en el poder electoral, sugiere Roberto Courtney, director ejecutivo de EyT.

Courtney manifestó que en cuestiones de tiempo, lo más apremiante debe ser la libertad de los presos políticos, aunque señaló que esta demanda ciudadana sería lo último lo que accedería el presidente Daniel Ortega mientras no logre concesiones en el proceso de negociación.

Fuente: Vos TV

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